Telam I “Lamentamos que las naciones tradicionalmente generadoras de corrientes migratorias que en la actualidad son receptoras de inmigrantes, no reconozcan en base al principio de reciprocidad histórica, la responsabilidad compartida entre los países de origen, tránsito y destino de los flujos migratorios”, señala la declaración.

Antes de la publicación del documento, diferentes mandatarios expresaron su postura de rechazo ante la normativa aprobada el 18 de junio por el Parlamento Europeo y que establece que los inmigrantes ilegales pueden ser retenidos hasta un período máximo de 18 meses mientras se tramita su repatriación.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner había calificado las nuevas políticas restrictivas de la UE como “inadmisibles” y “alejadas de la historia de la humanidad”.

“La directiva retorno daña la dignidad del ser humano”, dijo por su parte el presidente boliviano Evo Morales, quien pidió “un rechazo unánime de nuestros bloques MERCOSUR y UNASUR a estas decisiones” y expresó que “la Argentina es un gran ejemplo en materia de las migraciones con esto de la desregulación Patria Grande”.

Por su parte, el presidente venezolano Hugo Chávez calificó a la ley como “una medida de bárbaros” y reclamó “de inmediato que se realicen acciones concretas” para lograr su derogación.

“Nosotros fuimos muy generosos con los europeos que llegaron en el siglo pasado a nuestras tierras y la verdad es que no es justo que nuestra gente reciba un trato denigratorio”, lamentó la presidenta chilena Michelle Bachelet.

Al repudio generalizado que recibió la normativa en América Latina se sumó la decisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de enviar a la UE una misión de alto nivel para discutir sobre las implicancias de la norma.

Actualidad